El 31 de marzo pasado, los campesinos del pueblo de Sumilao en la isla de Mindanao, Filipinas, celebraron el final de un largo periplo. Después de 13 años de lucha, ganaron la batalla jurídica que oponía su cooperativa de campesinos Mapalad [1] a la multinacional San Miguel Corporation, la más grande sociedad alimentaria de todo el sudeste asiático. Esta ultima planeaba instaurar un criadero intensivo de 50 000 cerdos en 144 hectáreas que habían sido sin embargo atribuidas por la reforma agraria a los campesinos en 1995. Las palabras de uno de los campesinos son elocuentes: “Es justo que conviertan ilegalmente nuestras tierras? Es acaso normal dejar de lado la justicia social a cambio de promesas de prosperidad económica y de beneficios financieros? Si este es el caso, cual es entonces el precio de la justicia para pobres, vulnerables y marginalizados como nosotros?” Desde maniobras políticas hasta manipulaciones de la ley, pasando por la destrucción de plantaciones y las conversiones al tabaco, todo fue puesto en marcha para impedir a los campesinos recuperar sus tierras. Frente a la violencia y a la injusticia, los campesinos multiplicaron las iniciativas de protesta pacifica, llegando incluso hasta hacer una huelga de hambre durante 28 días en 1997. Pero los años pasaron sin que sus tierras ancestrales les hayan sido restituidas, entonces en 2007, decidieron hacer una marcha hasta el Palacio presidencial en Manila.

La marcha por la tierra y la justicia

El 9 de Octubre 2007, los campesinos de Sumilao marcharon para expresar su descontento frente a la incapacidad de los últimos gobiernos de poner en marcha una verdadera reforma agraria. La marcha reunió, a lo largo de 1700 kilómetros recorridos, individuos de todas las partes: defensores del derecho a la tierra, representantes de organizaciones de la sociedad civil, representantes de la iglesia y de la comunidad internacional. En total, 3000 recorrieron las rutas durante 60 días al lado de los campesinos. Durante el trayecto, fueron ampliamente apoyados por las poblaciones locales quienes les ofrecían comida, agua y consuelo; y por la iglesia católica quien les ayudo a encontrar refugio cada noche. Finalmente bajo la presión creciente de la sociedad civil, la multinacional firmó un pacto en el cual cedía oficialmente las 144 hectáreas a los campesinos.

Que futuro para la reforma agraria?

Iniciado en 1998, el programa de reforma agraria (CARP) pretendía atribuir 10 millones de hectáreas a las familias campesinas en un periodo de 10 años. 20 años mas tarde, a penas 3 millones habían sido redistribuidas y se estima que aún quedan 10 millones de campesinos sin tierra. Según la confederación nacional de organizaciones campesinas Pakisama [2] , la lucha de los campesinos de Sumilao refleja claramente el fracaso del CARP y el estado de corrupción del gobierno: “los campesinos obtienen títulos de propiedad bajo el CARP, pero por causa de intereses del medio empresarial y de las elites políticas, son continuamente victimas de acosos físicos y legales. El gobierno, supuestamente escogido por el pueblo para aplicar la Ley y promover la justicia social, decide ser un mediador sesgado a favor de las empresas privadas extranjeras, quienes multiplican los complejos hoteleros de lujo y los terrenos de golf.” Frente a la crisis alimentaria actual y la continua resistencia de las multinacionales contra la reforma agraria, Pakisama y la Asociación de campesinos de Asia (AFA [3] , hacen un llamado a todas las organizaciones campesinas a organizarse para presionar al gobierno a que prolongue el CARP que debería terminar este año. AFA señala que la lucha de los campesinos de Sumilao confirma la magnitud de la movilización y del apoyo que un grupo de campesinos puede suscitar cuando se esta confrontado incluso contra fuerzas opuestas.